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| David Hernández |
Las próximas Elecciones Generales del 20-N son de una importancia difícilmente exagerable. Lo son sobre todo para las personas que forman parte de ese indicador terrible que constituye el 25% de la tasa de desempleo de la Región de Murcia, una cifra 5 puntos más alta que la del conjunto de España, pero lo son también por muchas otras razones, sociales, medioambientales y de carácter puramente democrático. Entre las primeras, resulta imprescindible destacar la necesidad de empoderar políticamente a las opciones que se han identificado con toda claridad en torno a la defensa del estado del bienestar, incluyendo la oposición a los recortes en la enseñanza y los servicios públicos, los derechos de las personas trabajadoras, y la lucha contra los desahucios. En cuanto a lo segundo, cabe apuntar a la imperiosa necesidad de encontrar para nuestra Región una salida no desarrollista para la crisis económica que ha traído el modelo de la especulación y el ladrillo. Y esto sólo vendrá de la mano del reemplazo de la agenda de los mercados por la agenda de la ecología social. Y en tercer lugar, pero no menos importante, hay una cuestión fundamental, nunca antes presentada con tanta claridad y respaldo social, que oscila en torno a la falta de legitimación democrática de un sistema político que se articula en torno a leyes electorales que son esencialmente injustas. Son las demandas del 15-M y el importante movimiento global que ha irrumpido alrededor de la ocupación de las plazas.
Para afrontar estos retos, las organizaciones políticas de la izquierda están obligadas a presentar una estrategia electoral digna de los tiempos que corren, teniendo en cuenta las imposiciones de la legislación bipartidista, y elaborando un programa que priorice las demandas más necesarias para la sociedad. Forma parte de esta estrategia la política de alianzas electorales, y no, como algunos piensan, para que una determinada organización política, en este caso IU, obtenga mayores réditos institucionales, sino para que la amplia oposición ciudadana a los recortes sociales aprobados por el PSOE y el PP tenga una mejor expresión política en el nuevo Congreso de los Diputados. La ruptura, en las últimas elecciones municipales y autonómicas, del acuerdo político entre IU y Los Verdes de la Región de Murcia, motivada, todo hay que decirlo, por la renuncia del segundo contra los deseos del primero, es un buen exponente de las consecuencias del fracaso de esta orientación estratégica. Unas consecuencias que hoy es más necesario que nunca poner de relieve, en tanto que existe el riesgo cada vez más cercano de volver a pagar la misma factura, y en tanto que algunos colectivos sociales, como el Foro Ciudadano en nuestra Región, y el Manifiesto “Una ilusión compartida” de intelectuales y artistas fuera de ella, están exigiendo, con buen criterio, a los partidos de la izquierda que sean capaces de alcanzar acuerdos que estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. No se trata, nadie está pidiendo esto, de firmar un acuerdo sin programa ni base social para dar cabida a intereses partidistas, sino de todo lo contrario, de que habiendo base social y programática sean los intereses partidistas los que impidan la concreción de un acuerdo electoral.
Sin más preámbulos, de haberse reeditado el acuerdo electoral del año 2007 entre IU y Los Verdes, bajo las mismas condiciones, el resultado de las Elecciones Autonómicas y Municipales celebradas el pasado mes de mayo habría supuesto 2 diputados y 4 concejales más que los obtenidos por ambas organizaciones políticas por separado (es decir, por IU, ya que Los Verdes no consiguieron representación). Los nuevos diputados habrían sido el segundo por la circunscripción de Murcia y el primero por la de Cartagena. En cuanto a los concejales, habrían sido el tercero por las tres localidades de Murcia, Molina de Segura y Cieza, y el segundo por Mazarrón. ¿Quién ha sido el mayor beneficiario de la inexistencia de este acuerdo electoral? El PP, que gracias a ello ha conseguido hacerse con 2 diputados y 3 concejales más (sólo se le ha escapado el de Mazarrón, que ha ido a las manos del partido localista UIDM). ¿Y quién el más perjudicado? Los Verdes, ya que de haber aceptado reeditar el acuerdo político con IU, bajo las mismas condiciones que en el año 2007, habrían obtenido en el reparto de los resultados de la coalición 1 diputado y 11 concejales. Ahora no tienen ninguno.
IU se ha dirigido, entre otros colectivos (hacen falta muchos más, de los que no tenemos tiempo de hablar aquí ahora, pero que son igualmente importantes), a la organización Equo y a las distintas federaciones de Los Verdes con la intención de alcanzar un acuerdo electoral. No es necesario decir que, si se quieren buscar, se pueden encontrar razones para discrepar con IU. Por extraño que parezca, nadie puede dar más lecciones de esto que la propia IU, que ha hecho de la autocrítica su mayor defecto, y también su mayor virtud. No es esto, creo, lo que es necesario explicar, sino más bien la imperiosa razón por la que es mejor para la sociedad que, en primer lugar, Los Verdes no tengan ninguna representación en lugar de contar con 1 diputado y 11 concejales; en segundo lugar, que la suma de IU y Los Verdes se traduzca en 1 diputado en lugar de 3 y otros 4 concejales por añadidura; y en último lugar, que la Región de Murcia tenga 2 diputados y 3 concejales más del PP en lugar de lo contrario. Esto, por desgracia, ya no tiene solución. Pero el futuro sí. El futuro está en nuestras manos. Seamos generosos. Tendamos puentes. Escuchemos al otro. Oigamos a la ciudadanía. La Elecciones Generales del 20-N no deben ser un final, sino un principio. El de una izquierda social y política más influyente, la izquierda que hizo de la unidad en la diversidad la bandera y la herramienta de sus mayores conquistas.
David Hernández Castro es miembro del Consejo Regional de Ecosocialistas de la Región de Murcia.
